DIRECCIÓN EJECUTIVA

Con motivo de las últimas publicaciones que han circulado en los medios nacionales sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, en mi condición administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, debo ratificar que nuestro Fondo es solvente. A la fecha, el superávit operativo (diferencia entre aportes y gastos), supera los 1.200 millones por mes y el patrimonio los 390.000 millones.

Atendiendo una administración seria y responsable de los recursos, de manera constante se hacen proyecciones para asegurar el pago futuro de las obligaciones. Como parte de este ejercicio, se determinó que a finales del 2017 los aportes por cuotas no serán suficientes para pagar la planilla, por lo que, de no adoptarse medidas con oportunidad, se tendría que recurrir a los intereses de las inversiones – no al patrimonio-, para atenderlas.

Esto tiene su origen en que un mayor número de personas servidoras, que cumplen con los requisitos y que en otras condiciones hubieran postergado su jubilación, ante las noticias malintencionadas que de manera sistemática se han divulgado sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, han precipitado su decisión y se han jubilado lo que trae como consecuencia el aumento en los egresos.

Sin embargo, esta situación no es novedosa, En el estudio actuarial que se contrató en el 2012, se expuso que el déficit operativo se iba a materializar precisamente desde ese año lo que no se concretó gracias a se tomaron medidas con oportunidad y los supuestos definidos en el estudio no se cumplieron.

Todo lo anterior se ha hecho del conocimiento de la Corte Plena donde, de manera responsable y comprometida se han abierto espacios de diálogo para analizar la situación y definir estrategias incluso con la participación de las organizaciones gremiales.

Se ha continuado con la implementación de medidas administrativas adicionales para fortalecer el Fondo, Se emitió un Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido a valor presente, la Corte Plena revisó y modificó el criterio sobre la aplicación de la Regla IV. Además, se ha hecho una propuesta para modificar la política de inversión de los recursos la cual próximamente será conocida por la Corte y en cuyo planteamiento participó el Analista en Riesgos y el Analista en Inversiones. Precisamente este último profesional se contrató en fecha reciente para fortalecer el proceso de colocación de recursos. De igual forma, ya se dio inicio a la contratación del nuevo estudio actuarial y se espera tenerlo adjudicado en el corto plazo.

A pesar de todo lo anterior, tenemos claro que será la reforma a la Ley Orgánica la que nos permitirá garantizar la sostenibilidad del Fondo en el largo plazo, de ahí el compromiso de esta Presidencia para impulsar su pronta aprobación y continuar promoviendo acciones que propicien su solidez.

 

Ana Eugenia Romero Jenkins

Directora Ejecutiva

Poder Judicial